La Procuraduría evalúa la legalidad de un nombramiento y la responsabilidad de varios funcionarios municipales.
El caso se relaciona con decisiones administrativas del periodo 2024–2027
La Procuraduría General de la Nación inició un proceso disciplinario tras formular cargos contra la alcaldesa de Suárez, Tolima, Consuelo Avilés Aldana, por presuntas irregularidades en el nombramiento del secretario de Desarrollo Social durante el actual periodo de gobierno. La actuación disciplinaria se fundamenta en la posible vulneración de los requisitos legales exigidos para el acceso a dicho cargo, lo que dio lugar a la intervención del organismo de control.
El proceso busca establecer si la decisión administrativa se ajustó a la normativa vigente y si existieron responsabilidades disciplinarias derivadas del acto de nombramiento. La Procuraduría analiza los elementos que rodearon la designación del funcionario y la correspondencia entre su perfil profesional y las exigencias del cargo asumido.
Perfil profesional exigido y observaciones del Ministerio Público
De acuerdo con la información entregada por el organismo de control, el cargo de secretario de Desarrollo Social requiere experiencia profesional en áreas específicas relacionadas con la gestión social. La Procuraduría señaló que el funcionario designado contaba con formación como contador público, pero que su experiencia laboral no estaría vinculada directamente con las funciones del despacho.
Estas observaciones llevaron a considerar que el nombramiento podría no cumplir con los parámetros establecidos, razón por la cual se abrió la investigación disciplinaria. El análisis se centra en determinar si la administración municipal verificó adecuadamente el cumplimiento de los requisitos antes de formalizar la designación.
Responsabilidad de otros actores administrativos
En el marco del mismo proceso, la Procuraduría decidió vincular al secretario general del municipio, quien habría certificado el cumplimiento de los requisitos del funcionario nombrado. Según el Ministerio Público, esta certificación podría haber presentado inconsistencias, lo que permitió la posesión del secretario de Desarrollo Social pese a las presuntas falencias en su perfil.
La inclusión de este funcionario en el proceso disciplinario responde a la necesidad de establecer si existió una actuación que facilitó el nombramiento cuestionado y si esta conducta configura una falta disciplinaria.
Etapa de juzgamiento y definición de eventuales sanciones
La Procuraduría calificó preliminarmente las conductas atribuidas a los funcionarios involucrados, estableciendo diferentes grados de responsabilidad disciplinaria. El expediente será remitido al despacho de juzgamiento disciplinario correspondiente, donde se continuará con el trámite del proceso.
En esta etapa se evaluarán las pruebas y argumentos de las partes, con el fin de determinar si se imponen sanciones disciplinarias. El avance del proceso permitirá esclarecer las responsabilidades y definir las consecuencias administrativas derivadas del presunto nombramiento irregular.
