Un estudio revela el uso de tecnología para la represión en Venezuela bajo los regímenes de Chávez y Maduro.
Un grupo de expertos se ha reunido para examinar el sistema de vigilancia autoritaria implementado en Venezuela a lo largo de más de 20 años, abarcando tanto la era de Hugo Chávez como la de Nicolás Maduro. El informe, elaborado por el Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFRLab) de Atlantic Council y VE Sin Filtro, resalta la represión sistemática que ha afectado a millones de venezolanos, evidenciada por cientos de casos de presos políticos y violaciones de derechos humanos.
El estudio se centra en el periodo comprendido entre octubre de 2023 y enero de 2026, un lapso crítico que incluye las elecciones del 28 de julio de 2024, marcadas por acusaciones de fraude en la reelección de Maduro. Uno de los hallazgos más alarmantes es el uso del sistema VEN911 como herramienta de control político, destinado a identificar y perseguir a disidentes y opositores.
La vigilancia del régimen no se limita a la represión física; también se extiende al ámbito digital. El monitoreo intensivo de redes sociales ha sido un método clave para el espionaje estatal, complementado por la utilización de drones, phishing y un manejo secreto de aplicaciones digitales. Este ecosistema de vigilancia se ha convertido en un pilar del control social, afectando a aproximadamente 27 millones de personas en el país y costando al Estado cerca de mil millones de dólares.
Los expertos identificaron siete puntos clave en su informe sobre este sistema de vigilancia:
- Infraestructura de videovigilancia: amplias cámaras de seguridad en espacios públicos.
- Vigilancia con drones: uso de tecnología aérea para monitorear movimientos.
- Aplicaciones impulsadas por el Estado: herramientas digitales diseñadas para recopilar datos de los ciudadanos.
- Ciberpatrullaje: monitoreo constante de actividades en línea.
- Interpretación de telecomunicaciones a gran escala: análisis de datos de comunicación masiva.
- Ciberataques e infiltraciones: actividades hostiles contra opositores y críticos.
- Registros e incautaciones de dispositivos sin orden judicial: violaciones a la privacidad y a los procedimientos legales.
Ante este panorama, los analistas proponen cuatro recomendaciones cruciales para un futuro gobierno democrático en Venezuela:
- Promover la seguridad digital y antivigilancia: proteger a los ciudadanos de la represión tecnológica.
- Adoptar protocolos de mitigación de seguridad digital regulada: implementar normativas que protejan la privacidad.
- Desmantelar la infraestructura de vigilancia política: eliminar los mecanismos de control autoritarios.
- Establecer un gobierno democrático con rendición de cuentas: asegurar que los líderes respondan ante la ciudadanía.
En resumen, el informe revela una realidad alarmante sobre el sistema de vigilancia en Venezuela, destacando la necesidad urgente de un cambio en la gobernanza para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La lucha por la libertad y la privacidad en el país es un desafío que requiere atención y acción inmediata, especialmente en un contexto donde la tecnología se ha convertido en un arma de opresión.
