El balance de los organismos judiciales detalla la apertura de investigaciones y capturas por presuntas conductas delictivas en el país.
El cierre de la jornada electoral correspondiente a la primera vuelta presidencial generó un balance técnico por parte de los organismos de control penal respecto a las novedades de orden público y registro civil. La Fiscalía General de la Nación confirmó que setenta y siete ciudadanos que figuraban formalmente en los registros oficiales del Estado bajo la condición de personas desaparecidas se presentaron voluntariamente a sufragar en diferentes mesas de votación. Los funcionarios encargados de la verificación detectaron la presencia de estos ciudadanos en puestos de votación distribuidos a lo largo de quince departamentos del territorio nacional. Tras comprobar la plena identidad de cada uno de estos votantes, las autoridades procedieron a tramitar las respectivas actas de supervivencia requeridas por la ley para actualizar las bases de datos y retirar formalmente sus nombres de los sistemas de búsqueda activa.
La ubicación geográfica de estos ciudadanos abarcó una parte significativa de las regiones del país, abriendo paso a la regularización de sus estados civiles y de seguridad ante el aparato judicial. De acuerdo con el desglose del ente acusador, los procedimientos se hicieron efectivos en los departamentos de Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare. Esta novedad administrativa y civil se dio a conocer en el marco del reporte de acciones institucionales destinadas a vigilar el normal desarrollo de los comicios y atender las irregularidades del debate electoral. Los ciudadanos implicados pudieron ejercer su derecho al voto antes de que se procediera a la firma de los documentos que constatan su aparición formal ante el Estado.
En lo concerniente a las conductas punibles tipificadas contra los mecanismos de participación democrática, el balance oficial dio cuenta de la detención de ocho personas por su presunta vinculación con delitos electorales en diferentes municipios. El reporte técnico señala que cinco de estas capturas se ejecutaron bajo la modalidad de flagrancia en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, lugar donde se adelanta una investigación por la presunta comisión del delito de corrupción al sufragante. Las indagaciones preliminares indican que el grupo detenido en Popayán, conformado por cuatro mujeres y un hombre, realizaba la verificación de certificados electorales de votantes para registrar sus datos en listados de control. Estas actividades de seguimiento al voto ciudadano son objeto de análisis por parte de los fiscales asignados para determinar el grado de afectación a la libre determinación de los sufragantes.
Por otra parte, la operatividad judicial en otras zonas del territorio nacional arrojó la detención de otros ciudadanos por maniobras contrarias a las directrices de la organización electoral. En el municipio de Cumaral, en el departamento del Meta, los agentes capturaron a un individuo por intentar realizar de manera fraudulenta la suplantación de un testigo electoral debidamente acreditado para la jornada. Asimismo, las autoridades policiales efectuaron la detención de una mujer en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar, a quien se le acusa de incurrir presuntamente en el delito de voto fraudulento. La ciudadana procesada en la capital del Cesar fue sorprendida en el momento en que pretendía registrar su voto en dos mesas de sufragio diferentes dentro de la misma jornada.
El componente investigativo de la fiscalía general de la nación reportó además la apertura formal de diez noticias criminales orientadas a esclarecer diversas denuncias sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de las votaciones. Estas indagaciones preliminares tienen origen en reportes recibidos desde los entes territoriales de Bogotá, Caquetá, Chocó, Nariño, Risaralda y Sucre. Uno de los casos de mayor connotación institucional fue asumido de manera directa por un despacho adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción. Esta línea investigativa en particular vincula formalmente a la alcaldesa del municipio de El Paujil, en el departamento del Caquetá, identificada como Latia Sindy Castillo Muñoz, por la presunta comisión de la conducta de constreñimiento al sufragante, hecho por el cual la Procuraduría General de la Nación también adelanta un proceso disciplinario.
Finalmente, el balance de las agencias del orden público incluyó la ejecución de órdenes de captura que no guardaban relación directa con el proceso de votación, pero que se hicieron efectivas aprovechando la movilización policial en los entornos de los centros de sufragio. Las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación y de la Policía Nacional detuvieron a ochenta y cinco personas requeridas previamente por los despachos judiciales por la comisión de delitos comunes de alta gravedad. Entre las conductas punibles que motivaron estas detenciones adicionales se encuentran el homicidio, el concierto para delinquir, la extorsión, el tráfico de estupefacientes y la violencia intrafamiliar. Dentro de este grupo de capturados se incluyó a un ciudadano que ejercía funciones como jurado de votación en la localidad de Hato Corozal, en el departamento de Casanare, quien poseía un requerimiento penal vigente por el presunto delito de acto sexual con menor de catorie años.
