Las autoridades activaron un plan candado interinstitucional para ubicar el fusil oficial y esclarecer las causas del deceso del uniformado.
El hallazgo de un miembro de las fuerzas militares sin signos vitales en la periferia de la capital tolimense ha desencadenado el despliegue inmediato de los protocolos de seguridad y de investigación judicial en la región. Las dinámicas de custodia y vigilancia en las zonas de reserva y puntos estratégicos de control territorial se encuentran bajo estricta revisión tras confirmarse el deceso de un miembro activo de las instituciones de defensa del Estado. Este suceso, registrado en un sector caracterizado por su topografía compleja y su conectividad con las rutas de acceso al sur del municipio, ha generado una reacción inmediata de los cuerpos civiles y militares, determinándose de forma oficial que se investiga la muerte de un soldado regular y se intensifica la búsqueda del fusil robado al militar. Las implicaciones de la pérdida de un arma de largo alcance elevan el nivel de alerta en los cuadrantes de seguridad urbana.
Los actos urgentes y la recopilación de elementos materiales probatorios se concentraron de manera inicial en el sector conocido como La Martinica, una zona ubicada en el flanco sur del área urbana de Ibagué, durante las primeras horas de la madrugada de este lunes. En dicho emplazamiento, las patrullas de control terrestre localizaron el cuerpo sin vida del soldado regular Estiven Amaris Peña, quien figuraba formalmente como personal orgánico del Batallón de Infantería Número 18 Coronel Jaime Rooke. Al momento de efectuar la correspondiente verificación del perímetro inmediato por parte de los primeros respondientes, las autoridades técnico-judiciales establecieron un hallazgo particular, concluyendo de manera unánime que el soldado no tenía su armamento de dotación y no presentaba signos de violencia aparentes. Esta condición física inicial redirecciona las líneas metodológicas de la investigación forense hacia causas no traumáticas o de origen interno.
Ante la gravedad que representa la ausencia del material bélico oficial en una zona de operaciones periférica, los mandos oficiales determinaron la movilización de capacidades técnicas y operativas de diversas especialidades en el casco urbano y sus alrededores. De forma inmediata, unidades de la Sexta Brigada se trasladaron al sitio para verificar los hechos y se coordinó con la Policía Judicial para realizar el levantamiento del cuerpo. La estrategia de contención y rastreo se diseñó de manera conjunta con múltiples agencias estatales de seguridad, confirmándose que se activó un plan candado en coordinación con la Policía Nacional, el Grupo Motorizado y el Gaula Militar Tolima. El propósito fundamental de este cierre de vías e inspección de automotores es lograr la interceptación de las herramientas de defensa hurtadas y la plena identificación de los ciudadanos implicados.
El componente de bienestar y soporte institucional hacia el núcleo familiar del uniformado fallecido fue priorizado en paralelo con el desarrollo de las operaciones de carácter policivo en los barrios colindantes. El comando de la unidad militar dispuso de personal idóneo para mitigar el impacto emocional derivado de la pérdida del joven combatiente, notificándose de forma pública que a través del Equipo Dinamizador de Salud Mental la brigada brinda acompañamiento psicosocial y espiritual permanente. Esta asistencia busca garantizar que los parientes cercanos cuenten con los canales de atención médica, psicológica y de orientación legal necesarios mientras el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determina con exactitud la etiología médica de la muerte del soldado regular.
El pronunciamiento formal de las directivas castrenses se dio mediante la expedición de un documento oficial suscrito por la comandancia de la jurisdicción departamental, donde se fijaron los lineamientos institucionales frente al suceso. En un comunicado escrito, el comando de la Sexta Brigada, en cabeza del coronel Harold Sneider Pérez Linares, rechazó de manera contundente este atentado contra la vida de un servidor público que se encontraba en el ejercicio de sus funciones constitucionales orientadas al sostenimiento del orden público en el municipio. La comunicación oficial enfatizó el compromiso institucional de la fuerza, rezando textualmente que la Sexta Brigada continuará trabajando de manera articulada con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y presentar ante las instancias judiciales a quienes resulten penalmente responsables del hurto o de la afectación al uniformado.
Finalmente, el desarrollo del proceso penal mantendrá un espectro de evaluación amplio, abarcando no solo los factores externos del entorno geográfico donde se halló el cuerpo, sino también las dinámicas internas del personal que se encontraba prestando el servicio de vigilancia en el cuadrante respectivo. Fuentes cercanas a la recolección de testimonios indicaron de manera extraoficial que, debido a la ausencia de marcas físicas de agresión en la humanidad de Estiven Amaris Peña, se procederá a tomar declaraciones y evaluar los protocolos aplicados por los compañeros de turno de la víctima. Para incentivar la colaboración de la población civil en la recuperación del material bélico, se recordó que la ciudadanía puede comunicarse de manera secreta a las líneas 147 del Gaula Militar y 107 Antiterrorismo para aportar cualquier tipo de información que conduzca a la ubicación del armamento de largo alcance desaparecido.
