Una sobreviviente del reclutamiento forzado rechazó un video viral y pidió respeto por las víctimas del conflicto armado.

Víctima de reclutamiento forzado rechazó comentarios en programa de sátira y pidió respeto por las víctimas del conflicto

Una sobreviviente del reclutamiento forzado atribuido a las extintas Farc-EP cuestionó públicamente a la creadora de contenido conocida como Macafolla y a la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán Palomares, «Lalis», tras la difusión de un fragmento de un programa de sátira política que generó una amplia controversia en redes sociales. La polémica surgió por las referencias realizadas durante el espacio al reclutamiento de menores de edad por parte de la antigua organización armada, un tema que motivó reacciones de víctimas, dirigentes políticos y usuarios de distintas plataformas digitales.

El debate comenzó después de que se viralizara un fragmento del programa La Megacárcel, un formato de humor político transmitido a través del canal de YouTube Sancocho Trifásico. En el video se escuchan comentarios relacionados con los 18.677 niños, niñas y adolescentes que, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fueron reclutados por las extintas Farc-EP, una cifra que hace parte de las investigaciones adelantadas por ese tribunal dentro del Caso 07.

La respuesta de la sobreviviente estuvo dirigida a quienes participaron en el programa

Deisy Dorelly, quien se identifica como sobreviviente del reclutamiento forzado y de otros hechos que atribuye a las Farc, publicó un video en el que expresó su rechazo al contenido difundido. Durante su intervención manifestó que las expresiones utilizadas en el programa resultaban ofensivas para quienes fueron víctimas del conflicto armado siendo menores de edad y cuestionó que el sufrimiento de miles de personas fuera tratado en un espacio de humor.

Uno de los apartes más comentados de su pronunciamiento fue la respuesta a una frase pronunciada durante el programa. «Tengo treinta y ocho años y no soy ninguna hijueputica», afirmó, en referencia a la expresión utilizada en el fragmento viralizado. La sobreviviente sostuvo que ni ella ni las demás personas afectadas por el reclutamiento forzado deben ser objeto de descalificaciones o burlas relacionadas con hechos que marcaron sus vidas.

En su mensaje también dirigió cuestionamientos a la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como «Lalis». La víctima afirmó que una curul en el Congreso no otorga el derecho de desconocer la dignidad de quienes sufrieron graves violaciones durante el conflicto armado, e insistió en que las víctimas merecen respeto y reconocimiento independientemente de las diferencias políticas existentes en el país.

Asimismo, Deisy Dorelly aseguró que miles de niños y niñas fueron apartados de sus familias y sometidos a diferentes formas de violencia durante el conflicto. La sobreviviente pidió que quienes participaron en el programa ofrezcan disculpas públicas por las expresiones que considera ofensivas, argumentando que este tipo de mensajes afectan la memoria de quienes vivieron esos hechos.

El origen de la controversia fue un fragmento de un programa de humor político

La discusión pública se originó tras la circulación de un video editado correspondiente a un episodio de La Megacárcel. En ese espacio, María Camila Fonseca, conocida en redes sociales como Macafolla e intérprete del personaje ficticio Micky Ávila, realizó una intervención en la que hacía referencia a los menores reclutados por las extintas Farc-EP dentro del contexto satírico del programa.

Durante el intercambio también participó la representante «Lalis», quien expresó que nadie está a favor del reclutamiento de menores. Sin embargo, el fragmento comenzó a compartirse de manera independiente en redes sociales, generando interpretaciones diferentes sobre el contenido completo del programa y el contexto en el que fueron pronunciadas las frases.

La representante sostuvo que el video fue difundido sin el contexto completo

Tras la polémica, Laura Daniela Beltrán Palomares respondió a las críticas mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. La congresista afirmó que el contenido que circuló correspondía únicamente a un fragmento editado de un evento de comedia y sostuvo que su posición frente al reclutamiento de menores había sido expresada de forma clara durante la conversación completa.

En su publicación indicó que el video difundido no reflejaba la totalidad del intercambio y aseguró que rechazó el reclutamiento de niños durante el programa. Según manifestó, el clip fue sacado de contexto y su intervención no respaldó ninguna forma de burla hacia las víctimas del conflicto armado.

La controversia generó reacciones de diferentes sectores

El debate trascendió las redes sociales y motivó pronunciamientos de distintos actores públicos. Entre ellos estuvo José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, quien cuestionó el contenido del video y rechazó cualquier expresión que pudiera interpretarse como una burla hacia los menores reclutados por las extintas Farc-EP.

Las reacciones reflejan la sensibilidad que continúa generando el tema del reclutamiento forzado en Colombia. El tratamiento de las víctimas del conflicto armado sigue siendo un asunto de alto impacto en el debate público, especialmente cuando se aborda desde escenarios de entretenimiento o sátira política, donde los límites entre el humor y el respeto por la memoria histórica suelen generar posiciones encontradas.

La cifra mencionada durante la polémica corresponde a una investigación de la JEP

Los 18.677 menores de edad mencionados durante la controversia corresponden al universo provisional de víctimas establecido por la Jurisdicción Especial para la Paz dentro del Caso 07. Esa cifra fue consolidada mediante el cruce de 31 bases de datos provenientes de organizaciones de víctimas, entidades estatales e instituciones académicas, según el Auto 159 de 2021.

La investigación prioriza los hechos ocurridos entre 1996 y 2016 y analiza, además del reclutamiento y utilización de menores, posibles crímenes asociados como violencia sexual, desaparición forzada, homicidios, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes presuntamente cometidos contra niños, niñas y adolescentes incorporados a las extintas Farc-EP. De acuerdo con la JEP, el propósito del proceso es establecer patrones de conducta, determinar responsabilidades y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.