Tras sesión de Conaldef se desplegarán 200 hombres en Ataco y se instalará un PMU ambiental por minería ilegal.
La crisis generada por la minería ilegal en el sur del Tolima motivó el anuncio de nuevas medidas institucionales orientadas a contener los impactos ambientales, sanitarios y de seguridad que enfrenta la región. Entre las acciones confirmadas se encuentra el despliegue de 200 hombres en el municipio de Ataco y la instalación de un Puesto de Mando Unificado ambiental para atender la emergencia.
Las decisiones se dieron a conocer luego de una sesión del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales, Conaldef, en la que se analizaron las afectaciones derivadas de la explotación ilícita de minerales en esta zona del departamento. Posteriormente, la visita del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, permitió concretar compromisos específicos relacionados con el fortalecimiento de la presencia institucional en el territorio.
De acuerdo con lo informado por la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Iannini, las medidas adoptadas buscan enfrentar de manera integral una problemática que ha escalado en los últimos meses y que combina daños ambientales con riesgos para la salud pública y alteraciones en la seguridad local. El refuerzo de 200 hombres estará concentrado principalmente en Ataco, uno de los puntos señalados como críticos dentro de la situación actual.
Además del componente de fuerza pública, se definió una ruta de trabajo que contempla la realización de mesas técnicas. La primera de estas se desarrollará el martes 24 de febrero, con el propósito de coordinar acciones entre las diferentes entidades competentes. Estas mesas tendrán como objetivo estructurar respuestas operativas, ambientales y administrativas frente a los impactos detectados.
Uno de los ejes centrales de la estrategia será la instalación de un Puesto de Mando Unificado ambiental en Ataco. El PMU permitirá centralizar la información, coordinar decisiones y hacer seguimiento permanente a las intervenciones que se ejecuten en la zona afectada. Este mecanismo es utilizado para articular esfuerzos cuando se presentan situaciones que requieren atención interinstitucional y monitoreo constante.
Durante la sesión y los encuentros posteriores, se presentó un informe detallado sobre las afectaciones ambientales derivadas de la minería ilegal. Según lo expuesto, los impactos se concentran en fuentes hídricas estratégicas como el río Saldaña, el río Atá y la quebrada Pole. Estas corrientes cumplen funciones esenciales para las comunidades locales, tanto en abastecimiento como en actividades productivas.
El informe advierte sobre pérdidas significativas de cobertura vegetal y deterioro de los ecosistemas circundantes, asociados a la remoción de suelos y a la intervención de áreas ribereñas. Uno de los aspectos más sensibles señalados es el vertimiento de mercurio en las fuentes hídricas, lo que incrementa el riesgo de contaminación y afecta la calidad del agua. Este tipo de sustancias, utilizadas en procesos de extracción ilícita, generan consecuencias acumulativas en el ambiente y pueden impactar la salud humana.
Las autoridades también indicaron que existen afectaciones sanitarias derivadas del consumo o contacto con aguas contaminadas. En algunas comunidades, el uso de estas fuentes es cotidiano, lo que eleva la preocupación frente a la exposición prolongada a metales pesados. La combinación de deterioro ambiental y riesgo sanitario configura un escenario que exige intervenciones urgentes y sostenidas.
El anuncio de las medidas ocurre en un contexto en el que la minería ilegal ha sido señalada como una actividad que, además de vulnerar la normatividad ambiental, altera la estabilidad de los territorios. La articulación entre instancias nacionales y departamentales busca contener la expansión de esta práctica y mitigar los daños ya ocasionados. El despliegue de personal y la creación del PMU forman parte de esa estrategia de contención.
La directora reiteró que el daño ambiental y sanitario es considerado grave y que la prioridad institucional será presentar y socializar el informe completo sobre las afectaciones, así como la hoja de ruta que guiará las acciones en el sur del Tolima. Este documento servirá como base técnica para orientar decisiones y definir responsabilidades en el proceso de recuperación ambiental.
Con el refuerzo anunciado y la activación de mecanismos de coordinación, las autoridades buscan responder a una crisis que involucra variables ambientales, sociales y de seguridad. El seguimiento a las medidas adoptadas y la evolución de las intervenciones en Ataco y en las cuencas afectadas será determinante para evaluar el alcance de la respuesta frente a la minería ilegal en esta región del departamento.
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