El encuentro por el decreto de emergencia económica evidenció profundas diferencias fiscales entre Nación y regiones
El decreto de emergencia económica marcó el eje central del encuentro
La reunión sostenida entre el Gobierno nacional y varios gobernadores del país tuvo como punto central el Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica. El encuentro se llevó a cabo en el Ministerio de Hacienda y estuvo liderado por los ministros Germán Ávila y Armando Benedetti, con el propósito de evaluar los efectos del ajuste tributario que elevó el IVA al tabaco y a los licores del 5% al 19%.
El decreto busca un recaudo adicional cercano a los 2,5 billones de pesos, según lo expuesto por el Gobierno, y excluye a la cerveza del incremento. Sin embargo, la medida ha generado un amplio rechazo por parte de los mandatarios departamentales, quienes advierten que el impuesto al consumo constituye una renta cedida a los departamentos y resulta clave para financiar sectores como la salud, la educación y el deporte.
Los gobernadores expresaron preocupación por la autonomía fiscal regional
Veinte de los 32 gobernadores del país manifestaron su desacuerdo con el decreto al considerar que afecta directamente la estabilidad financiera de los territorios. De acuerdo con los mandatarios, en promedio, los recursos provenientes del impuesto al consumo representan cerca del 43% de los ingresos tributarios departamentales, por lo que cualquier alteración tendría un impacto significativo en sus presupuestos.
Durante la reunión, se reiteró que las rentas cedidas están consagradas constitucionalmente y hacen parte del modelo de descentralización administrativa del país. En ese sentido, varios gobernadores señalaron que la medida podría centralizar recursos que históricamente han sido administrados por los departamentos para atender obligaciones esenciales, en especial la financiación del régimen subsidiado de salud.
El contrabando fue uno de los principales puntos de alerta
La Federación Nacional de Departamentos recordó que el consumo de cigarrillos y licores presenta una demanda inelástica, lo que incrementa el riesgo de migración hacia el mercado ilegal cuando suben los precios. Según datos expuestos, en 2024 el contrabando de cigarrillos alcanzó el 36%, el nivel más alto desde 2011, con pérdidas cercanas a 1,03 billones de pesos.
Gobernadores como los del Valle del Cauca y Meta advirtieron que este fenómeno ya ha generado caídas importantes en el recaudo departamental. En el caso del Valle, se indicó que el impuesto al cigarrillo ha disminuido cerca del 40%, situación que podría agravarse con el nuevo ajuste tributario y comprometer recursos destinados a derechos fundamentales.
Posiciones divididas tras el cierre del encuentro
Al finalizar la reunión, no se anunciaron acuerdos concretos entre el Gobierno y los mandatarios departamentales. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, señaló que el encuentro permitió exponer las preocupaciones territoriales, aunque consideró que el diálogo debió realizarse antes de la expedición del decreto.
Desde Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón afirmó que el encuentro no se tradujo en un espacio efectivo de discusión y anunció que acudirá a la Corte Constitucional para solicitar la suspensión de los efectos tributarios del decreto. Según explicó, considera que las medidas adoptadas vulneran disposiciones constitucionales relacionadas con la protección de las finanzas territoriales.
Por su parte, el ministro del Interior aseguró que, en caso de que los nuevos impuestos afecten el recaudo de los departamentos, la Nación asumirá los recursos necesarios para cubrir eventuales faltantes. Sin embargo, esta afirmación no disipó las preocupaciones de varios gobernadores, quienes insistieron en que el debate deberá resolverse en el ámbito judicial, a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional.
