Familiares de la menor Leydi contradicen al comandante de la Policía y niegan que su ausencia se deba a problemas o maltrato en el hogar.
La incertidumbre y la tensión social se han apoderado del sur de la capital tolimense a raíz de la presunta desaparición de una adolescente identificada como Leydi. El caso, que inicialmente fue reportado por la comunidad y los allegados como una posible retención forzada, ha tomado un rumbo de alta confrontación pública tras las declaraciones emitidas por el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, el coronel Edgar Fernando López González. El alto oficial aseguró públicamente que la menor de edad no se encontraba bajo una situación de secuestro ni había sido víctima de una acción violenta, afirmando en su lugar que la joven habría abandonado su hogar por su propia voluntad, motivada presuntamente por supuestos maltratos físicos o psicológicos provenientes de su progenitora. Estas afirmaciones oficiales generaron un eco inmediato en la opinión pública local, pero fueron desmentidas de forma contundente por el núcleo familiar de la afectada, abriendo un profundo debate sobre el manejo de la información en casos de vulnerabilidad de menores.
La versión entregada por las autoridades policiales indicaba que, desde el momento en que se reportó la ausencia de la adolescente, la institución activó de manera inmediata los mecanismos de búsqueda pertinentes para dar con su paradero. Sin embargo, en el desarrollo de las indagaciones preliminares, la seccional de policía afirmó haber establecido que la joven ya se había comunicado directamente con su madre. Según la institución armada, este contacto telefónico o virtual redujo los niveles de alerta iniciales y permitió inferir de manera interna que se descartaba un escenario de retención en contra de su voluntad. El comandante López González fundamentó su posición señalando que la salida de la menor obedecía de manera exclusiva a dinámicas de conflicto interno, una postura que la familia de la joven considera apresurada y lesiva para la integridad moral de la madre.
Frente a este panorama, las reacciones de los allegados a la menor no se hicieron esperar, manifestando un rechazo categórico a las conclusiones expuestas por el jefe de la Policía Metropolitana de Ibagué. Luna Fernanda Lizcano, familiar directa de la adolescente, asumió la vocería pública para responder de manera directa a los señalamientos del coronel Edgar López. La portavoz familiar aclaró que las afirmaciones que vinculan la ausencia de la joven con supuestos tratos degradantes o violencia intrafamiliar carecen por completo de veracidad. Los parientes cercanos insisten en que la reconstrucción de los hechos presentada por la fuerza pública distorsiona la realidad del entorno familiar, argumentando que la prioridad absoluta debe centrarse en la localización física de la menor en lugar de desviar la atención hacia juicios de valor sobre la conducta de los padres.
Por su parte, la línea de acción trazada por las autoridades administrativas y policiales contempla que, una vez se logre la ubicación plena de la adolescente, se procederá a remitir el caso a las instancias competentes encargadas de verificar la garantía de sus derechos fundamentales. El plan estipulado por el oficial al mando define que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberá intervenir de forma directa en el proceso para evaluar las condiciones del entorno residencial de la joven. Las autoridades manifestaron que, si las investigaciones técnicas llegaran a comprobar la existencia de violencia en el hogar, se evaluaría la asignación de la custodia temporal a otro miembro de la familia, un escenario que los allegados consideran innecesario y fundamentado en premisas falsas que revictimizan a los implicados en medio de la angustia de la desaparición.
La discrepancia entre el reporte policial y el testimonio de los ciudadanos del sector sur de la ciudad mantiene en vilo el desenlace de los operativos de rastreo que se adelantan en la zona. Mientras la Policía Metropolitana afirma mantener desplegadas todas sus capacidades institucionales, logísticas y humanas para esclarecer el paradero de la afectada, la comunidad y los familiares directos exigen que no se estigmatice el hogar de la menor ni se den por sentadas hipótesis que no han sido judicializadas ni corroboradas científicamente. El caso permanece bajo estricta observación pública mientras se espera una rectificación o un avance técnico en la localización de la ciudadana, en un contexto donde la comunicación institucional y la defensa del honor familiar se encuentran en franca oposición.
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