El dispositivo policial abarca el cuidado de puestos de votación y sedes de la organización electoral en cuarenta y dos municipios.
Las agencias de seguridad del Estado han estructurado un protocolo operativo de gran escala en el territorio departamental con el propósito de garantizar el desarrollo normal de los próximos comicios. Unidades adscritas a la Policía Nacional han dispuesto el despliegue de un contingente integrado por dos mil doscientos cincuenta y tres hombres y mujeres pertenecientes a la institución, quienes tendrán la responsabilidad directa de vigilar el orden público y la seguridad ciudadana. El pie de fuerza institucional se distribuirá estratégicamente en las vías principales, cascos urbanos y centros de sufragio con el fin de contrarrestar de manera anticipada cualquier conducta delictiva o alteración que intente afectar el ejercicio democrático. Este despliegue masivo responde a los requerimientos de planeación logística que exigen las autoridades gubernamentales para blindar la jornada de votación en las distintas regiones colombianas.
El direccionamiento de las actividades de control y prevención del delito durante el certamen electoral estará bajo el mando directo del coronel John Anderson Vargas Izao. El alto oficial ha dispuesto el alistamiento técnico, logístico y automotor de las unidades bajo su cargo, ordenando la verificación exhaustiva de los sistemas de comunicación por radio y del parque automotor tipo motocicleta necesario para los patrullajes urbanos y rurales. La comandancia del departamento ha coordinado la distribución del personal para asegurar una cobertura total y una capacidad de respuesta inmediata ante contingencias en los cuarenta y dos municipios del Tolima. La operatividad se mantendrá activa de manera permanente durante las fases previas, concomitantes y posteriores al cierre de las urnas en toda la jurisdicción seccional.
Para fortalecer las capacidades de vigilancia en los puntos críticos de la geografía tolimense, la dirección general de la institución policial ordenó el traslado de personal adicional desde el nivel central de la organización. Un total de trescientos sesenta y seis uniformados arribaron al departamento en calidad de refuerzo operativo para integrarse de inmediato a las labores de custodia de los materiales electorales, las urnas y la infraestructura logística. La incorporación de estas unidades de apoyo procedentes del nivel central busca optimizar la vigilancia sobre los tarjetones y el mobiliario electoral para mitigar los riesgos de manipulación de votos. Este incremento en el pie de fuerza disponible permite liberar patrullas locales para que continúen con las labores ordinarias de seguridad comunitaria en los cuadrantes residenciales.
La cobertura del dispositivo de seguridad diseñado por las autoridades policiales comprende la vigilancia permanente de ciento siete puestos de votación formalmente avalados por la organización electoral. Dentro de este esquema de protección, se ha priorizado de manera especial la inclusión de diversos sectores de carácter rural, donde la presencia de los uniformados será constante durante toda la jornada para prevenir alteraciones del orden o desórdenes ciudadanos. La vigilancia presencial en los sectores rurales del Tolima pretende anular la ocurrencia de irregularidades o maniobras ilícitas que afecten la transparencia en las mesas de votación alejadas. Los coordinadores del operativo mantendrán enlaces de comunicación directa con los jurados de votación y los observadores presentes en cada una de estas células electorales periféricas.
Además del acompañamiento físico en las mesas de sufragio, el comando del departamento confirmó que se ha dispuesto una custodia especial sobre las instalaciones de las cuarenta y dos oficinas de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la región. Las labores de protección se extenderán de igual forma a todos los centros de escrutinio que han sido debidamente habilitados en el departamento para el procesamiento técnico de los datos electorales. El resguardo de las sedes de la Registraduría y los centros de cómputo busca asegurar la cadena de custodia de las actas oficiales ante posibles intentos de alteración. Estas medidas preventivas se mantendrán vigentes hasta que los funcionarios de la organización electoral culminen el conteo oficial y consoliden los resultados definitivos del proceso.
La institución policial ha emitido advertencias institucionales dirigidas a los ciudadanos respecto a las consecuencias jurídicas derivadas de la comisión de delitos electorales contemplados en el código penal. Las directrices operativas indican que cualquier individuo que sea sorprendido en flagrancia intentando alterar el censo electoral, comprar votos o incurrir en prácticas fraudulentas será judicializado de manera inmediata. Las personas que sean capturadas cometiendo infracciones contra los mecanismos de participación democrática serán conducidas con celeridad ante las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, la policía ha formulado un llamado público a los habitantes para que denuncien cualquier anomalía mediante el uso de las líneas telefónicas de emergencia o informando al personal de patrulla más cercano.
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